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El 14 de marzo de 1518, cuatro meses después de la muerte de Cisneros, el Papa León X nombraba al preceptor de Carlos, el Cardenal Adriano, como Inquisidor General para los reinos de la Corona de Castilla y para los reinos de la Corona de Aragón. Puede que aquel nombramiento no haya sido considerado suficientemente, sin embargo, tuvo mucha importancia porque con él se superaba al menos institucionalmente una de las más significadas crisis que el famoso Tribunal tuvo que soportar en el transcurso de su secular trayectoria. Globalmente puede afirmarse que aquella crisis se debía, esencialmente, a las inadecuaciones socio-institucionales que presentaba el diseño original con que fue concebido el Tribunal. Diseño referido, naturalmente, en relación con el orden constitucional de los reinos.