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El progreso científico-técnico alcanzado en la segunda mitad del siglo pasado abrió perspectivas al uso pacífico de la energía nuclear que, por su complejidad y su relativo riesgo para las personas, exigió de los Estados la designación de instituciones estatales especializadas para regular y controlar su empleo. El Estado cubano, conciente de que el uso de la energía nuclear constituye un factor de importancia para el desarrollo socioeconómico del país, promulgó en 1982 el hoy derogado Decreto-Ley No. 56 “Para la Regulación del Uso Pacífico de la Energía Nuclear”.