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En este artículo se desarrollan, de modo sumario, los tres apartados que cabe destacar por su papel en la protección del Patrimonio Histórico en general y Arqueológico en particular. 1º Protección legal. Se comenta aquí desde la propia definición de Patrimonio Arqueológico por parte de la Ley 16 / 85, hasta el Reglamento sobre Evaluación del Impacto Ambiental de las Obras Públicas publicado por el MOPU en 1988, pasando por supuesto por las recientes Leyes sobre Patrimonio publicadas por algunas Comunidades Autónomas. Se hace especial alusión al Título XIII del Código Penal. 2º Protección preventiva-conservadora. Estrechamente ligada a la política de las Comunidades Autónomas, destaca como un aspecto cuyo ritmo de importancia y de incidencia se ha multiplicado enormemente en los últimos años. De todos los factores que lo conforman, se insiste aquí en los relativos al conocimiento del propio Patrimonio Arqueológico a través de la confección de adecuados inventarios. 3º Protección educativa. Destacada como la más importante de las tres, se proponen una serie de líneas a seguir y de medidas a tomar para evitar que su puesta en práctica, poco atractiva por lo que supone de inversión a muy largo plazo, no la convierta de inmediato en un fracaso.