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La Política Común Pesquera (PCP) se enfrenta a tres grandes retos: el de la preservación y conservación de los recursos, el del modelo de gestión de los recursos y los consabidos mecanismos de control y, finalmente, el de la competitividad del sector económico de la pesca y sus efectos sociales y territoriales. La PCP busca los principios de la buena gobernabilidad, desea contribuir a una pesca responsable y quiere estar definida sobre la base de una compatibilidad con un sistema global de explotación duradera de los recursos. En suma, la PCP pretende responder con postulados de coherencia entre sus diferentes acciones y garantizar la viabilidad del sector pesquero a largo plazo. De acuerdo con estas consideraciones, el acceso a los recursos pesqueros así como los procesos de adaptación de las capacidades de pesca a las potencialidades de las reservas están constituyendo la prioridad máxima en lo referido a la regulación de la pesca. Sin embargo, su aplicación subraya la emergencia de varias trayectorias: la discriminación de determinadas flotas pesqueras y la territorialización de determinadas pesquerías. Este trabajo quiere reflexionar sobre el asunto y proponer recomendaciones para el presente sobre las cuestiones que son objeto de discusión entre los agentes de la pesca españoles ante las nuevas reformas de la política pesquera comunitaria y ante la actual configuración mundial del sector pesquero.