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La creciente complejidad de la sociedad pone en entredicho al Estado en tanto instancia central de representación y regulación social, al mismo tiempo que las exigencias de competividad sistémica y de integración social, así como las demandas de democratización efectiva apuntan hacia un Estado fuerte, capaz de reorganizar la estructuración social. Ello obliga a reformular la reforma del Estado con miras de reconstituir y fortalecer las capacidades estatales de coordinación bajo las nuevas condiciones