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En las últimas décadas, desde la aprobación de la Constitución hace 40 años, han surgido amplias demandas de una mayor transparencia y una mayor participación en la elaboración de las políticas públicas. La crisis de representación ha hecho que los gobiernos vieran las políticas de transparencia y participación como forma de restaurar la confianza pública. La Constitución de 1978 incorporó formas de participación en el parlamento tales como la Iniciativa Legislativa Popular o el derecho de petición. Desde entonces, muchos parlamentos nacionales, así como muchas asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas utilizan herramientas de participación ciudadana. Estos mecanismos ayudan a fortalecer la institución representativa.