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Junto al nivel competencial reconocido y consolidado por una financiación adecuada, seguramente sea el entramado institucional al servicio del autogobierno de una Comunidad Autónoma la variable más clarificadora del grado y calidad de su autonomía política. Las tres reformas operadas sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la última en virtud de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, han encauzado una notable ampliación del marco competencial e institucional de la Comunidad, aportando a la vez desde esta parte del Estado su particular contribución al modelo territorial. El presente trabajo pretende analizar la realidad institucional y organizativa de Castilla y León, desde la óptica de la última reforma estatutaria, pero sin olvidar el contexto histórico en que la misma se ha gestado y arraigado.