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Si hay un campo de investigación que ha sido objeto de atención prioritaria por parte de la doctrina constitucionalista española ese es, sin duda, el de nuestro peculiar y proceloso Estado autonómico. De aquí que cualquier nueva incursión en dicho ámbito deba revestir un reforzado atrevimiento teórico si de verdad quiere realizar aportaciones sustanciales a lo que se ha venido diciendo y escribiendo desde los inicios mismos de nuestra andadura democrática.