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En el contexto de los procesos de liberalización y los nuevos regímenes económicos a nivel constitucional, la regulación económica se posicionó como una de las principales actividades de intervención estatal sobre la economía. Esta se concibe como un instrumento técnico, neutral e independiente, diseñado para resolver las fallas del mercado y armonizar objetivos económicos y no económicos, generalmente contrapuestos. Por tanto, la cabida del control judicial es muy cuestionada, evidenciándose choques entre la garantía de acceso a la justicia de los particulares y la competencia técnica de los reguladores. Así, se efectúa un análisis material de los actos proferidos por las autoridades de regulación en clave de la extensión del principio de legalidad, y basado en las funciones asignadas a la CRC según la Ley 1341 de 2009, con el propósito de determinar los marcos, límites y alcances del control judicial.