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Somos testigos de las innumerables situaciones en las que el Estado paraguayo, a través de los distintos órganos y entes estatales, se ve compelido al pago por responsabilidad estatal por adjudicaciones que han sido anuladas por el órgano rector de las contrataciones públicas en nuestro país o por la autoridad jurisdiccional competente. El marco legal que creó la entidad autónoma y rectora del régimen de contrataciones públicas en Paraguay ‒la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas‒, luego de su reforma legislativa del año 2008, no ha previsto las suficientes herramientas necesarias para garantizar al Estado paraguayo  ciertas medidas administrativas que precautelen o resguarden las situaciones, que a lo largo de estos últimos 7 años de vigencia legislativa, se han venido suscitando. Consecuentemente, se propone una reforma legislativa, incorporando la figura de las  resoluciones  firmes,  como antecedente  para  la  suscripción  de  los  respectivos contratos públicos emergentes de la Ley 2051/03.