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La corrupción, mal que nos pese, es una realidad. Una amarga realidad que crece y crece sin césar sin que aparentemente seamos capaces de expulsarla de las prácticas políticas y administrativas. Se publican leyes y leyes, se promulgan códigos y códigos, pero ahí está ante nuestra mirada uno de los principales flagelos que impide el primado de los derechos fundamentales de la persona.