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La aplicación judicial de principios constitucionales comprende (al menos) cuatro tipos de operaciones intelectuales: 1) la identificación de los principios en cuanto tales, vale decir, la adscripción del estatus (del «valor») de principio a determinada disposición constitucional; 2) la interpretación de  la adscripción de significado a una disposición constitucional (previa o contemporáneamente identificada como) expresiva de un principio; 3) el balance o ponderación de dicho principio con otros principios en conflicto, de modo tal que se seleccione el principio aplicable; y 4) la especificación o concretización de dicho principio de modo que se construya una regla idónea para resolver el caso en cuestión.