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En la actualidad, muchos analistas interpretan la institucionalización de los movimientos sociales como una señal de su madurez política y de avance hacia la democratización social. Sin embargo, en el caso de los actuales movimientos sociales de América Latina, dicho fenómeno político muestra la complejidad de los procesos inconclusos relacionados con la anhelada consolidación democrática de la región. En este artículo se revisa hasta qué punto la institucionalización ha favorecido la democratización del movimiento indígena en el sistema político colombiano. Este texto analiza en un primer momento el papel político del movimiento para promover una nación multicultural y pluriétnica, tanto en la Asamblea Constituyente como en lo emanado de la Constitución de 1991. En un segundo momento, se contrastan las lógicas legales de implementación de la participación indígena con las dinámicas propias de estas comunidades nativas. Finalmente se describe la reflexión interna del movimiento después de casi dos décadas de combinar el mantenimiento de su lucha con su institucionalización.