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Toda política económica debe ser enjuiciada con arreglo a su eficacia en la defensa y promoción del interés general. Para enjuiciar la economía política del agua en España, se propone una definición de interés general que integra la provisión de bienes públicos, la promoción de actividades económicas sin efectos externos negativos sobre otros usuarios o sobre el medio ambiente y la reducción de los riesgos asociados con los recursos hídricos. Este trabajo analiza siete postulados de fuerte arraigo en la literatura española en el campo de la política y la economía del agua y enjuicia su compatibilidad con la defensa del interés general. La conclusión central a la que se llega es que tales postulados se muestran relativamente incompatibles con el objetivo de promover el interés general.