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En este trabajo se estudia el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre agricultura. Con él se pretende ofrecer un estudio exhaustivo de esta vasta materia teniendo en cuenta y sistematizando la abundante jurisprudencia constitucional que se ha ido formando desde el inicio del Estado de las Autonomías hasta la actualidad, así como el nuevo contexto jurídico abierto por la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, o por la ya consolidada posición de la Comunidad Autónoma de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea en relación a la aplicación del llamado “primer pilar” de la Política Agrícola Común en su territorio. Además, y sobre la base de todo ello, se formula una propuesta de concepto general de “agricultura” que sea válido para deslindar esta materia de otras afines a efectos competenciales.