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Uno de los principales retos para la sociedad actual lo constituye la atención a las personas que presentan discapacidades, así como encauzar su gestión para mejorar su calidad de vida y su integración social, en igualdad de derechos para todos los ciudadanos¹. Cuba trabaja en la construcción de una sociedad más justa en la que todos tengan las mismas oportunidades, lo que resulta imposible garantizar solo por un ministerio o un sector, y demanda una acción integradora, multidisciplinaria e intersectorial que coordine esos empeños de forma eficiente².