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El autor parte de la Constitución Española para recuperar el concepto de interés general que debe caracterizar a un Estado social y democrático de Derecho. En este sentido define la Ética Pública como la ciencia que estudia el comportamiento de las personas al servicio de los poderes públicos de acuerdo con el interés general. Tras la reflexión ética sobre el mundo de los negocios y la empresa privada, a finales de los años setenta se ha comenzado a aplicar dicha reflexión ética a la Administración Pública. El autor ofrece unos principios que pueden orientar la Ética de la Administración Pública o Ética Pública. Estos principios tienen en cuenta por un lado la Ética del funcionario público y por otro la Ética de la función pública.