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<p>Este artículo presenta una evaluación global de las recientes iniciativas elaboradas por la Comisión Europea en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital (Digital Single Market Strategy, SGDS) y más allá. El principio de territorialidad de los derechos de autor es un hilo conductor que atraviesa varios documentos políticos y propuestas legislativas. El carácter territorial de los derechos de autor se identifica como un gran obstáculo para el establecimiento y el buen funcionamiento de un mercado interior de contenidos y servicios digitales, ya que contribuye a la complejidad de la liquidación de derechos, la exclusividad territorial y las prácticas de bloqueo geográfico. Sin embargo, las opciones políticas iniciales orientadas a una erosión sustancial de la territorialidad de los derechos de autor no se han articulado en medidas legislativas concretas. La Comisión ha optado finalmente por un enfoque considerablemente menos ambicioso, que pretende mitigar algunos efectos secundarios menores de la territorialidad. La propuesta que pretendía imponer la plena accesibilidad de los contenidos en toda la UE se diluyó para dar cabida a las preocupaciones expresadas por la mayoría de las partes interesadas en la industria creativa. Los esfuerzos para hacer frente al bloqueo geográfico no están dirigidos a los proveedores de contenidos audiovisuales y obras protegidas por derechos de autor. La ampliación del principio del «país de origen» se limita a los servicios auxiliares de las emisiones. Del mismo modo, la «portabilidad» transfronteriza de los contenidos no ofrece una solución real para eliminar las barreras nacionales en el entorno digital europeo. Por lo tanto, los derechos de autor seguirán estando arraigados territorialmente y la plena integración de los mercados de contenidos creativos no será una realidad, al menos en un futuro próximo. Este artículo aborda la posible falta de continuidad entre los objetivos generales expresados en el DSMS y los pasos legislativos subsiguientes, y cuestiona el uso de una terminología que conduce a la inseguridad jurídica. El derecho de vecindad recientemente introducido para los editores de prensa podría representar una fuente adicional de fragmentación territorial. La obligación (de supervisión general) impuesta a los proveedores de servicios de la sociedad de la información exige un examen riguroso. Este artículo, sin embargo, valora la adopción de reglamentos, lo que implica un nivel más profundo de armonización y la disposición de excepciones y limitaciones obligatorias.</p>