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El sistema educativo chileno en los últimos 15 años ha creado nuevos cuerpos normativos y legales para favorecer la inclusión, evitar la discriminación y mejorar la convivencia escolar. Estas leyes interpelan directamente a las escuelas, las cuales desde sus propias traducciones generan también sus propias prácticas educativas. El objetivo de esta investigación fue comprender cómo las escuelas traducen y articulan estas políticas. Mediante una etnografía de dispositivos (Sisto y Zelaya, 2013), se produjeron entrevistas y observaciones en dos escuelas que cuentan con un equipo específico de profesionales para hacer articular estas políticas. Los resultados indican que desde las prácticas de los equipos emerge, como resultado, la existencia de un dispositivo que hemos denominado CASO, que es una expresión que ocupan ambas escuelas y que guarda relación con estudiantes que presentan problemas conductuales o de aprendizajes. El CASO como dispositivo organiza las labores de los equipos, principalmente en torno a la detección y apoyo de estudiantes, levantamiento de evidencias, y resguardos frente a la fiscalización. Las discusiones giran en torno a los alcances de este dispositivo y a los efectos que genera en la comunidad escolar.